Inspección de Hacienda: qué es, requisitos y fases del procedimiento

25 de agosto de 2026

Una inspección de Hacienda es el procedimiento con el que la Agencia Tributaria comprueba e investiga si has cumplido bien tus obligaciones fiscales y, en caso contrario, regulariza tu situación mediante una liquidación. Solo alcanza a ejercicios no prescritos: cuatro años. Se inicia con una comunicación de inicio o con la personación del inspector, y termina con un acta y su liquidación. El plazo máximo es de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos del artículo 150.1.b) de la Ley General Tributaria. Rebasarlo no anula el procedimiento, pero la Administración pierde el efecto interruptivo de la prescripción.

Inspección de Hacienda: qué es, requisitos y fases del procedimiento

¿Qué es exactamente una inspección de Hacienda?

Una inspección de Hacienda es el procedimiento por el que la Administración tributaria comprueba e investiga el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente y, cuando detecta incumplimientos, regulariza su situación mediante una o varias liquidaciones. Así lo define el artículo 145 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

La norma separa dos actividades que en la práctica se solapan. La comprobación recae sobre lo declarado: actos, elementos y valoraciones consignados en tus declaraciones. La investigación busca lo que no aparece: hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente.

Conviene no confundirla con el requerimiento de un órgano de gestión: recibir una carta pidiendo justificantes de una casilla del IRPF no significa estar inspeccionado.

¿A quién puede inspeccionar Hacienda y hasta dónde puede llegar?

Puede inspeccionar a cualquier obligado tributario, pero no sobre cualquier ejercicio ni con cualquier alcance. El límite temporal es la prescripción: cuatro años para determinar la deuda mediante liquidación. El material, la comunicación de inicio.

Ese alcance es general o parcial. Parcial, cuando no afecta a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria del período comprobado; general, en los demás casos. La distinción no es teórica: de ella depende qué puede volver a revisarse después.

Las facultades del actuario son amplias: contabilidad principal y auxiliar, facturas, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos y archivos informáticos, además de la entrada en fincas y locales.

Hay una frontera que no se cruza sin más. Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido hace falta consentimiento u autorización judicial, y la solicitud debe motivar finalidad, necesidad y proporcionalidad. El Tribunal Supremo ya había fijado el criterio decisivo: la autorización debe conectarse con un procedimiento inspector abierto y notificado, sin que quepa una entrada prospectiva ni fundada en que la empresa tribute por debajo de la media de su sector.

¿Cómo se inicia el procedimiento de inspección?

El procedimiento se inicia de oficio o a petición del obligado tributario. Lo habitual es lo primero: una comunicación notificada que te cita para comparecer y aportar documentación. Desde el día siguiente dispones de un plazo no inferior a 10 días.

También puede iniciarse sin aviso, mediante personación directa en la empresa, oficinas o almacenes, cuando comunicarlo comprometería la práctica de las actuaciones.

Un detalle que cuesta dinero y se descubre tarde: las declaraciones que presentes ya iniciadas las actuaciones, sobre las obligaciones y períodos inspeccionados, no producen los efectos del art. 27 LGT: dejan de ser espontáneas y pierden los recargos reducidos. La ventana para corregir por tu cuenta se cierra con la notificación de inicio.

Si te inspeccionan con alcance parcial y prefieres cerrar el ejercicio completo, puedes pedir que las actuaciones pasen a ser generales. El plazo es breve: 15 días desde la notificación del inicio. La Administración debe ampliar el alcance o iniciar la inspección general en seis meses.

Las fases del procedimiento, paso a paso

1. Inicio. Notificación de la comunicación, con el objeto, las obligaciones y los períodos afectados. Aquí empieza a contar el plazo máximo.
2. Instrucción. Comparecencias, requerimientos y examen de documentación; los funcionarios deciden lugar, día y hora. Pueden desarrollarse en tu domicilio fiscal, en el lugar de la actividad, en oficinas de la Administración o por videoconferencia.
3. Trámite de audiencia. Se te pone de manifiesto el expediente completo para alegar y aportar antes de firmar el acta. Es el punto de no retorno de la prueba: después ya no cabe incorporar documentación acreditativa, salvo imposibilidad probada de haberla aportado antes.
4. Formalización del acta. El documento que recoge la propuesta de regularización, con la calificación que corresponda: con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.
5. Liquidación. El acto que pone cifra definitiva a la deuda y cierra el procedimiento. Contra él caben reposición o reclamación económico-administrativa, en el plazo de un mes.

¿Cuánto dura una inspección de Hacienda?

Las actuaciones deben concluir en 18 meses con carácter general, o en 27 cuando concurra alguno de los tres supuestos del art. 150.1.b) LGT. Se cuenta desde la notificación del inicio hasta la notificación de la liquidación, y es único para todas las obligaciones y períodos comprobados.

El tercer supuesto de los 27 meses es reciente: lo añadió la disposición final sexta de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados desde el 31 de diciembre de 2023.

Los 60 días del art. 150.4 son la herramienta peor aprovechada del procedimiento. Se piden al órgano actuante con siete días naturales de antelación, hay que justificar las circunstancias y la denegación no es recurrible. Sirven para ordenar la documentación sin un requerimiento en curso, y extienden el plazo máximo en lugar de consumirlo.

Actas de inspección: con acuerdo, de conformidad y de disconformidad

El acta es la propuesta, no la liquidación. Su clase determina la tramitación y, sobre todo, la reducción de sanción que conservas.

Sobre el importe restante tras la reducción por conformidad se aplica otra del 40 % si la sanción se ingresa en el plazo voluntario del art. 62.2 LGT (o en el aplazamiento con aval o seguro de caución) y no se recurre ni la liquidación ni la sanción. Negarse a firmar el acta no es neutro: se tramita como de disconformidad.

Si Hacienda se pasa del plazo, ¿se anula la inspección?

No. El incumplimiento del plazo no produce la caducidad del procedimiento, que continúa hasta su terminación. Pero produce tres efectos que, bien alegados, cambian el resultado económico:

• No se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones desarrolladas dentro del plazo incumplido. En expedientes largos puede dejar prescrito el ejercicio más antiguo.
• Los ingresos realizados desde el inicio hasta la primera actuación posterior al incumplimiento pasan a tener carácter espontáneo a efectos del art. 27 LGT.
• No se exigen intereses de demora desde que se produce el incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

Vigila el cómputo desde el primer día. Los errores que más se repiten son otros: aportar la documentación en el tercer requerimiento, lo que activa la extensión del art. 150.5; firmar en conformidad sin leer la fundamentación jurídica del acta; y dejar pasar el trámite de audiencia sin alegar.

Inspección de Hacienda a no residentes: qué cambia

Si no resides en España el procedimiento es el mismo, pero la logística y las notificaciones no lo son. Los no residentes deben designar representante cuando la normativa lo exija. El texto refundido de la Ley del IRNR concreta los supuestos en su art. 10: establecimiento permanente, los casos de sus arts. 24.2 y 38, requerimiento expreso de la Administración por la cuantía o características de la renta, y titularidad de bienes en España por residentes en territorios sin intercambio efectivo de información. El nombramiento se comunica en dos meses; no hacerlo es infracción grave, con multa de 2.000 euros, que sube a 6.000 en esos territorios.

El domicilio fiscal en España se fija según el art. 11 del TRLIRNR: el lugar de gestión efectiva si hay establecimiento permanente; el domicilio del representante o, subsidiariamente, el del inmueble, cuando se obtienen rentas inmobiliarias. Ahí llegarán las notificaciones, y ahí es donde más expedientes se tuercen: el contribuyente se entera cuando el plazo de alegaciones ya ha vencido.

Un apunte que evita billetes de avión: las actuaciones pueden desarrollarse por videoconferencia u otros sistemas digitales equivalentes, con transmisión segura de la documentación. Lo determina la Administración y exige la conformidad del obligado (art. 99.9 LGT, en relación con el art. 151.1.e).

Sobre el riesgo real, las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, aprobadas por Resolución de 11 de marzo de 2026, incluyen el análisis patrimonial de personas físicas, el control de la residencia fiscal y el aprovechamiento de los intercambios automáticos de cuentas financieras (CRS), el informe país por país y las Directivas de cooperación administrativa (DAC). Revisa también tu calendario: los plazos del modelo 210 han cambiado para los devengos de 2026 y siguientes (sede de la AEAT).

Preguntas frecuentes

¿Cuántos años atrás puede revisar Hacienda en una inspección? Cuatro años, el plazo de prescripción del derecho a liquidar, contados desde el día siguiente al fin del plazo de presentación de la declaración. Con dos matices: la prescripción no impide comprobar e investigar conforme al art. 115, y el derecho a comprobar bases o cuotas compensadas y deducciones aplicadas o pendientes prescribe a los diez años.

¿Puedo negarme a que un inspector entre en mi casa? Sí, si se trata del domicilio constitucionalmente protegido: Hacienda necesita tu consentimiento o autorización judicial, y la solicitud debe motivar finalidad, necesidad y proporcionalidad. En fincas y locales de negocio no hace falta autorización judicial, pero sí un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa, salvo que consientas el acceso.

¿Qué pasa si no atiendo la comunicación de inicio? El procedimiento continúa sin ti. La incomparecencia no lo paraliza, puede constituir infracción por resistencia u obstrucción y facilita que la Administración acuda a la estimación indirecta. Y pierdes el control sobre los hechos que se documentan en el acta.

¿Firmar en conformidad es siempre lo más barato? No siempre. Reduce la sanción un 30 %, y un 40 % adicional si pagas en plazo voluntario y no recurres, pero implica aceptar los hechos del acta. Si la discusión es de calificación jurídica y existe criterio favorable, la disconformidad puede salir mejor. Decídelo con la cuantía delante, no por defecto.

Soy no residente y me han notificado a mi representante en España. ¿Es válido? Sí. Si estabas obligado a designar representante y lo hiciste, la notificación en su domicilio despliega plenos efectos. De ahí la importancia de mantener actualizada la designación y de pactar con él un aviso inmediato.

¿Cuánto puede alargarse una inspección de 18 meses? Hasta 60 días naturales más si los pides tú, tres o seis meses por aportación tardía y lo que duren las causas de suspensión del art. 150.3 LGT. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración ya no se descuentan del cómputo.

Conclusión

La inspección tiene reglas, y esas reglas también protegen al inspeccionado: un alcance definido, un expediente que debe ponerse de manifiesto, un plazo con consecuencias si se incumple y actas con efectos económicos muy distintos. La diferencia entre un expediente bien llevado y uno mal llevado rara vez está en el fondo del asunto: está en el calendario y en el momento en que se aportan las pruebas.

Si has recibido una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras, o si resides fuera de España y tienes rentas o inmuebles aquí, te recomendamos que nos contactes antes de contestar al primer requerimiento. En Martínez-Cardós Abogados contamos con más de 40 años de experiencia en gestionar y tramitar inspecciones de hacienda asegurándonos que la Administración actúa dentro de los límites de la ley. Revisamos el alcance, el cómputo del plazo y la estrategia de conformidad o disconformidad de la inspección.

María Purificación Martínez-Cardós Ruiz